domingo, 27 de abril de 2014

No Pagamos pregunta dónde está el dinero que Pulido pidió prestado para construir un nuevo Edificio del Mercado

En el pleno del Ayuntamiento de Cuenca celebrado el pasado 28 de marzo se adoptó el acuerdo, con el voto de la mayoría que representa el PSOE, para iniciar los trámites de privatización del edificio del mercado municipal con el objeto de proceder a su remodelación.
El PP cometió graves irregularidades al destinar el dinero de un préstamo a largo plazo a gastos diferentes del que justificaba su solicitud. El PSOE, que gobierna actualmente, no responde ni aclara nada acerca de qué se ha hecho con ese dinero. Ese dinero forma parte de la enorme deuda municipal que está pagando la ciudadanía con los impuestos, las tasas y la pérdida de calidad de los servicios municipales.
Se trata de préstamos por un total de 33 millones de euros, 24 millones formalizados en 2012 y que se empiezan a amortizar en este año 2014, y 9 millones de euros, formalizados en 2013, todos con altos tipos de interés.

La excusa con la que el Ayuntamiento pretende justificar esta nueva privatización es que en estos momentos no cuenta con los recursos para “abordar una inversión como ésta”.

El PP votó en contra de esta propuesta, pero con argumentos de procedimiento, ya que manifiesta que le gustaría apoyar la nueva privatización. 

Además de mostrar un total rechazo a las privatizaciones que se vienen sucediendo en el Ayuntamiento de Cuenca, el colectivo No Pagamos quiere recordar una cuestión que denunciaba en el tercer informe que elaboró sobre la deuda municipal (véase aquí). 

En el año 2009, gobernando el PP, se formalizaron préstamos a largo plazo, por un total de 9,5 millones de euros. De ese dinero, 2,5 millones se justificaban para la remodelación del edificio que ahora se pretende privatizar.

En febrero de 2013, se solicitó al Ayuntamiento información, para que explicara a qué actuaciones se había dedicado ese dinero. Todavía no han respondido. 

El anterior Alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido, recibió en 2009 un crédito de 2, 5 millones de euros para construir un nuevo Edificio del Mercado. No pagamos-Cuenca pregunta: ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué ahora hay que privatizar el edificio cuando estamos pagando el crédito con sus intereses para uno nuevo que no se construyó? ¿Por qué el actual Alcalde, Juan Ávila, no dice nada acerca de este asunto?

¿Se suma el PSOE de Cuenca a la auditora de la deuda?

En el mismo Pleno del 28 de marzo se aprobó igualmente una moción presentada por el PSOE a través de la que se solicita al Gobierno de España que revise las condiciones de los préstamos concedidos para el pago a proveedores.

Estos préstamos fueron objeto del cuarto informe de auditoria de No Pagamos (véase aquí).

Ahora el PSOE de Cuenca, que voluntariamente solicitó acogerse a ese Plan de Pago a Proveedores, teniendo que elaborar para ello un duro Plan de Ajuste, está pidiendo que el Gobierno de España revise las condiciones de esos préstamos.

Solicita que se amplíe el periodo de carencia, es decir, que no se comience la amortización de los préstamos en 2014, sino en 2016, que se amplíe el plazo de amortización y que se reduzcan los tipos de interés.

Pudiera ser que estemos ante un puro interés electoral, solicitando que se aplacen pagos hasta después de las próximas elecciones municipales, que, recordemos, serán a mediados de 2015, (Su solicitud supondría tener más de 3 millones menos de gastos en deuda en los años 2014 y 2015, al aplazar las amortizaciones).

Si el PSOE de Cuenca considera que esos préstamos, que se han establecido para hacer frente al pago de una deuda comercial que ellos mismos contribuyeron de manera importante a crear, tienen unos tipos de interés especulativos, como denunció el colectivo No Pagamos, y que sus plazos de amortización no son adecuados, debería iniciar los procedimientos adecuados para declarar ilegitima esa parte de la deuda y proceder a su NO PAGO y no simplemente a su aplazamiento. 

Igualmente debería trasladar esa petición a la dirección del PSOE y a Rubalcaba, para que fuera extendida a todas las administraciones que se han acogido al Plan de Pago a Proveedores en todo el país.

Si no lo hacen así, nos tememos que simplemente estén intentando salvar la cara en vistas de las próximas elecciones municipales. 

Imagen 1: el nuevo edificio del mercado tal como lo presentaba el vídeo promocional de “Cuenca revitaliza” (véase aquí).
viernes, 31 de enero de 2014

El Ayuntamiento de Cuenca, intervenido por 10 años y con 80 millones de deuda. Quinto informe de No Pagamos

El Ayuntamiento de Cuenca, intervenido por 10 años y con 80 millones de deuda

El colectivo No Pagamos publica el quinto de sus informes sobre la deuda del Ayuntamiento. Como es sabido, No Pagamos está realizando una auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento con el fin de establecer qué parte de esa deuda puede considerarse ilegítima, así como para exigir responsabilidades y la restitución del dinero público extraviado.

El quinto informe tiene como objeto examinar los préstamos aprobados al Ayuntamiento de Cuenca para apoyo a la liquidez, que suman 19, 8 millones más de deuda.
 
El Ministerio de Hacienda ha aprobado la solicitud del Ayuntamiento de Cuenca para formalizar estos nuevos préstamos acogiéndose voluntariamente a las medidas extraordinarias que el Gobierno Central ha aprobado para aquellos municipios con graves problemas financieros. Hay que resaltar el hecho de que el Ayuntamiento se haya acogido voluntariamente a las medidas porque éstas van acompañadas de unas condiciones muy duras. Tanto es así que sólo se ha acogido a ellas el 25 % de los municipios que podían hacerlo.

Los prestamos serán de tres tipos. Primero, 10.700.00 euros de anticipos del dinero que el Estado entrega al Ayuntamiento, a devolver en tres años. Segundo, 4.500.000 euros de deuda a corto plazo que se debía cancelar ante de finalizar 2013 y que se convertirá en deuda a 10 años. Tercero, 4.625.577 euros para financiar el déficit y las obligaciones pendientes del año 2012.

A cambio de estos préstamos, el Ayuntamiento de Cuenca queda intervenido en la práctica. No sólo tendrá que reducir un 5 % los gastos de personal, financiar íntegramente el gasto de los servicios públicos mediante tasas, suprimir beneficios fiscales o subir un 10% el IBI, entre otras medidas de recorte. Además, deberá someter sus presupuestos al visto bueno del Ministerio de Hacienda, deberá ingresar todo el dinero que reúna con estas medidas en una cuenta controlada por el Ministerio, que obligará a que lo ingresado se destine a pagar la deuda, y no podrá solicitar nuevos préstamos en 10 años.

En pocas palabras, el Ayuntamiento pierde toda autonomía en la gestión de sus cuentas y los y las vecinas de Cuenca ven cómo se anula su capacidad de decisión colectiva a nivel municipal al menos por 10 años. Un golpe de estado municipal en toda regla.

Pero, esto es sólo una parte. La otra es que estos últimos préstamos de apoyo a la liquidez hacen que la deuda total del Ayuntamiento alcance los 80 millones de euros, 1, 7 veces los ingresos corrientes previstos de 2013. Y hacen que el dinero que tiene que pagar el Ayuntamiento los siete próximos años, entre intereses y amortizaciones, suponga una media de 11, 2 millones de euros por año, un 25 % aproximadamente de los ingresos corrientes anuales de estos últimos años.

El significado de ambas caras del problema, un ayuntamiento intervenido con una carga financiera desmesurada, es que la pérdida de soberanía municipal no supone que esa soberanía vaya a parar al Gobierno Central. El Gobierno Central se comporta en esta situación como mero lacayo de los intereses financieros. El pago de la deuda se pone por encima de cualquier otra circunstancia, incluida la democracia a nivel municipal o nacional.

Nuestras ciudades y nuestras vidas se ponen en manos de los banqueros. El caso de Cuenca muestra de manera palmaria que esa es la consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que lo desarrolla.

La cuestión es ahora saber si es posible o no actuar de otra manera. El Ayuntamiento de Cuenca no tiene dinero ni para cumplir la Ley de Morosidad que le obligará a pagar sus deudas comerciales en un mes.

Ante ello tenía dos opciones. O bien seguir la receta neoliberal para la “solución” a la crisis neolíberal, es decir, someterse al mandato de la troika que pone los intereses financieros por encima de todo lo demás. O hacer un ejercicio de soberanía y repudiar la deuda.

El optar por el camino neoliberal a la servidumbre es una decisión política que los responsables políticos están tomando conscientemente. A la ciudadanía nos toca exigirles responsabilidades, responsabilidades tanto por su respaldo a la especulación inmobiliaria que ha conducido a una deuda desproporcionada como por su rendición ante el ataque financiero a la democracia que estamos sufriendo. Y nos toca presionar por el repudio democrático de la deuda. Oponer a la presión de los bancos, la presión de la ciudadanía.
 



sábado, 4 de enero de 2014

Informe IV de No Pagamos: Ayuntamiento de Cuenca de 2009 a 2013: 46 millones de deuda en 5 años



El colectivo No Pagamos publica su cuarto informe de la auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca que está realizando con el fin de señalar qué parte de la misma es ilegítima y debe repudiarse.

En este informe se auditan todos los préstamos que el Ayuntamiento ha recibido para pagar la deuda comercial que mantenía con sus proveedores. En 2009 formalizó préstamos por 13.143.087, 42 € con la condición de aprobar un Plan de Saneamiento que el Ayuntamiento no cumplió. En 2012 los préstamos ascendieron a 24.028.138, 73 € para lo que ha debido elaborar un duro Plan de Ajuste para diez años. El pasado 27 de septiembre de 2013 se acogió a un nuevo préstamo de 8, 9 millones, teniendo que revisar el Plan de Ajuste de 2012. Estos préstamos con sus condiciones han sido siempre aprobados con los votos de los concejales del PP y del PSOE.

El monto total de esos préstamos suma 46 millones. La media de los ingresos corrientes anuales, de 2009 a 2012, es de unos 44 millones de euros.

La razón más importante, y que todo el mundo parece reconocer, de cómo se ha generado esta enorme deuda, es la drástica caída de los ingresos procedentes de operaciones inmobiliarias a partir de 2007. Cuando comienza la crisis y el negocio de la construcción se viene abajo, también descienden los ingresos del Ayuntamiento por este concepto.

Pero lo que se suele intentar tapar a toda costa es que los altos ingresos provenientes de los convenios urbanísticos y de la venta de suelo municipal durante los años del “boom”, a pesar de ser ingresos extraordinarios, se destinaron al gasto corriente, a financiar la actividad ordinaria del Ayuntamiento, creando así un modelo insostenible.

El informe hace un análisis detallado de esta circunstancia desde el punto de vista jurídico:

Por un lado, repasa la Ley de Suelo 1/1992 que establece que el dinero obtenido por los ayuntamientos por medio del aprovechamiento urbanístico y la venta de suelo no debe usarse para cubrir los gastos normales, sino revertir al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) y servir para impedir la especulación con la vivienda tal como establece el artículo 47 de la Constitución Española.

Por otro, atiende a las consideraciones del Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca de los ejercicios de 2004 y 2005 realizado por el Tribunal de Cuentas que hace hincapié en la misma cuestión y que menciona la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto.

Por último, compara los resultados de los recursos que IU de Guadalajara y Cuenca presentaron contra los presupuestos de 2002 de los respectivos ayuntamientos por no destinar el 10 % de aprovechamiento urbanístico a la conservación y ampliación del PMS. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó al Ayuntamiento de Guadalajara a que consignara ese 10% para el PMS, no hizo lo mismo con el de Cuenca. Al conocer en el año 2005 el resultado del recurso de Guadalajara, PSOE y PP cambiaron por vía rápida la ley regional que regula el ordenamiento urbanístico. El TSJ de CLM se apoyará en esta modificación legislativa para  contradecir sus propias sentencias anteriores, así como toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y desestimará el recurso de Cuenca.

El informe aborda también el punto de vista económico-político del asunto.

Lejos de entender que el desfase entre ingresos y gastos y el desvío de los ingresos urbanísticos a gastos corrientes son causados por la negligencia de los políticos de turno, el informe señala como causa económico-política la decisión consciente de actuar de modo contrario a como indica la Constitución, esto es, a promover la especulación y así favorecer los intereses particulares de los que poseen el poder económico para especular a costa de los que no lo tienen.

En pocas palabras, cuando los ingresos derivados de la construcción no se utilizan para frenar el encarecimiento de las viviendas es porque no se quiere. Lo que se busca es la elevación de esos precios para el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría. Y se deja a la burbuja hincharse hasta que explota. Cuando la burbuja ha explotado, lo que ha dejado es un panorama de familias hipotecadas que encima tienen que pagar también las deudas del Ayuntamiento.

Ha dejado familias hipotecadas y muchas amenazadas de desahucio, mientras se rescatan los bancos que la explosión de la burbuja se ha llevado por delante. Se rescatan los bancos y se desahucia a las personas, pero no sólo porque el estado preste a los primeros dinero a fondo perdido, sino gracias a las propias deudas de las administraciones.

Las familias hipotecadas pagan sus deudas, las del Ayuntamiento y, por intermediación de éste, las de los bancos. El caso del Ayuntamiento de Cuenca es ejemplar. Por los 24 millones de euros que recibe en 2012 tiene que pagar cerca de un 6 % de interés, cuando lo bancos recibieron ese dinero del Banco Central Europeo al 1%. El tipo de interés de los casi 9 millones de euros del pasado septiembre de 2013 es del 3, 34 %, pero es que los bancos están pagando por el dinero que les presta el BCE un 0, 25 %.

Hasta el año 2013, se han pagado de intereses por estos préstamos más de 3 millones de euros y todavía estará el Ayuntamiento 10 años más pagando intereses por todo el capital que queda por amortizar (39,5 millones), lo que nos llevará a un gasto financiero considerable. Este enorme gasto en intereses es consecuencia de la mala gestión llevada a cabo en el Ayuntamiento y de los tipos de interés especulativos que la banca privada está cobrando para financiar a las administraciones, con la complicidad del Gobierno.

Hay que decir, por último, que este informe está incompleto. Deja sin responder la pregunta de por qué, cuando los ingresos urbanísticos se vienen abajo, el Ayuntamiento no adecúa sus gastos e ingresos corrientes a la nueva situación. ¿En qué se gastaba el dinero que no se pagaba a los proveedores? ¿Cómo está distribuida la deuda comercial? ¿Qué compromisos habían contraído los responsables políticos que les impedían modificar su política presupuestaria? ¿Qué ilusiones se hacían? Para poder responder a estas y otras preguntas tendría que realizarse una investigación más profunda. Hasta que no se lleve a cabo, no vamos a proponer como deuda ilegítima ni la totalidad ni parte de los 46 millones, aunque el modelo insostenible de gestión municipal que condujo a esa deuda podría considerarse ya una razón suficiente para ello.

Sí consideramos, sin embargo, que, por lo dicho hasta aquí, la parte correspondiente al pago de intereses de toda esta deuda se debería declarar como deuda ilegítima.

Descargar: Informe IV: sobre préstamos para pago a proveedores

Visualizar: Informe IV: sobre préstamos para pago a proveedores

Fuente de la imagen:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ayuntamiento_Cuenca.JPG
sábado, 7 de diciembre de 2013

“Con Plan de transparencia o sin él, el Ayuntamiento debe responder a lo que se le pregunta”


El pasado 26 de noviembre el Ayuntamiento de Cuenca anunciaba un Plan de Mejora de la Transparencia. Con motivo de este anuncio, Cuenca Alternativa se ha puesto en contacto con distintas personas y colectivos que han ofrecido su punto de vista sobre este problema. En esta ocasión, hemos recogido la perspectiva de No Pagamos, el colectivo conquense que está realizando una auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento. Estas son las respuestas que el colectivo ha dado a nuestras preguntas.

Dado que la información que proporciona el Ayuntamiento es fundamental para la auditoría ciudadana de la deuda que estáis llevando a cabo, ¿cómo habéis recibido el anuncio de este nuevo Plan de Mejora de la Transparencia?

En principio, con sorpresa. Desde que salió nuestro primer informe, estamos exigiendo públicamente el derecho que tiene la ciudadanía de estar informada con veracidad acerca del modo en que el Ayuntamiento ha gestionado sus recursos. La pregunta que hacíamos en julio, ¿cómo se pagó el bosque de acero?, sigue sin ser contestada. Para contestarla, como para contestar todas las que hemos hecho sobre el “edificio de los agentes sociales”, sobre las operaciones de crédito del presupuesto de 2009 o sobre el Plan de Ajuste no hace falta ningún Plan de Mejora. Para contestar cómo se han gastado un montón de millones de euros que no se han usado para lo que inicialmente se pidieron, es suficiente la voluntad del Alcalde. Que esto es así lo demuestra el hecho de que cuando en el simulacro de pelea que se lleva con la oposición municipal, al Alcalde le interesa sacar a la luz alguna información importante, lo hace, como lo hizo con las modificaciones del proyecto inicial de las nuevas sedes de los sindicatos que había realizado el PP.

Así pues, no podemos evitar sorprendernos amargamente de que el Ayuntamiento nos responda con que ahora tiene un Plan para mejorar la transparencia. Nosotros le diríamos, muy bien, pero entre que el plan se cumple y no, vayan ustedes informando a la ciudadanía de cómo se pagó el bosque de acero, de qué se hizo con los tres millones que no aparecen del crédito para los nuevos edificios de los agentes sociales, de dónde está el dinero que estaba destinado a construir un nuevo edificio del mercado. Vayan ustedes respondiendo a las exigencias que públicamente les hemos hecho diversos colectivos sobre el modo en que los diferentes créditos están lastrando el presupuesto del Ayuntamiento o sobre el  Plan de Ajuste o contesten al correo que No Pagamos envío al Concejal de Hacienda en el que pedíamos detalles sobre las decisiones en los plenos del 27 de septiembre y el 20 de noviembre.

En definitiva, nos tememos que este anuncio no sea otra cosa que una maniobra de distracción para intentar en vano esquivar toda un serie de preguntas concretas que ahora mismo estamos poniendo encima de la mesa y que no admiten dilación. Con Plan de transparencia o sin él, el Ayuntamiento debe responder a lo que se le pregunta.

Según vuestra experiencia, ¿qué pensáis acerca de la política de información que habitualmente desarrolla el Ayuntamiento de Cuenca?

Bueno, como se puede deducir de la respuesta anterior, pensamos que es, sobre todo en las cuestiones clave, nefasta.

En la actualidad, el Ayuntamiento de  Cuenca no está cumpliendo ni siquiera con  las leyes que regulan el ejercicio del derecho de la ciudadanía para acceder a la información sobre la gestión municipal, no cumple ni su propio Reglamento Orgánico aprobado en 2006, es decir, no está cumpliendo con su obligación de  garantizar derechos a la ciudadanía conquense.

Cualquier persona que haya intentando consultar un expediente o un archivo del Ayuntamiento, o bien obtener copias del mismo, puede decir que el simple ejercicio de ese derecho se convierte en una aventura casi imposible.

Si visitamos la página web del Ayuntamiento podemos comprobar otras cuestiones:

Lo que se publica sobre los Plenos y las Juntas de Gobierno, se hace tarde y en muchísimos casos de manera incomprensible para el común de los mortales.

Los expedientes completos, que es obligado según la ley, someterlos al trámite de información pública, no se publican en la página web, si acaso los anuncios y no siempre.

No se publican las resoluciones de la Alcaldía como dice el Reglamento, tampoco  las convocatorias de los plenos, con el correspondiente orden del día.

No existe la oficina de atención al ciudadano en el sentido que se establece en el Reglamento Orgánico, a la que se pueda dirigir cualquier persona para ejercer sus derechos en el acceso a la información.

Cuando se solicita algo, el funcionario correspondiente que trabaja en ese servicio o negociado, te dice que hay que solicitarlo y esperar a que el Alcalde o el Concejal correspondiente lo autorice, como si fuera un favor que la autoridad de turno te puede conceder de manera graciable y no el ejercicio de un derecho.

No creemos que hacer de la página web del Ayuntamiento un medio a través del que poder acceder a determinada información, la que dice el propio Reglamento Orgánico y otra que se puede añadir, como todos los contratos que firma el Ayuntamiento para la gestión de los servicios o la ejecución de obras municipales, suponga un coste de 263.000 euros. Hay muchos Ayuntamientos que tienen páginas web con mejor y más información que el Ayuntamiento de Cuenca.

Sobre la gestión económico financiera, se consiguen más datos del Ayuntamiento en páginas web de organismos estatales que en la del propio Ayuntamiento.

¿Creéis que este nuevo proyecto anunciado puede cambiar en algo el acceso a la información por parte de la ciudadanía?

El Pleno del 27 de diciembre de 2012 aprobó por unanimidad crear una comisión técnica para que en el plazo de tres meses pueda elaborar un proyecto de portal de la transparencia. No ha sido en el plazo de tres meses, ha pasado casi un año y ahora dicen en el pleno del 29 de noviembre de 2013, que “toman en consideración”, un trabajo académico particular que ha realizado uno de los componentes de esa comisión técnica creada hace un año y que la aplicación de sus conclusiones llevará otro año.

En este respecto, nos gustaría que la ciudadanía coincidiera con nosotros al menos en tres cosas:

La primera es que, con Plan o sin él, el Ayuntamiento está obligado a responder a los requerimientos de información que se le hacen. Que esa obligación no es un favor que nos otorgan, sino un deber que tienen para con todas las personas que residimos en Cuenca.

La segunda es que, con Plan o sin él, el equipo municipal de gobierno no debe esconder tras una falsa pantalla de dificultades técnicas o económicas algo que es un derecho de la ciudadanía y una obligación de la institución. Que la ciudadanía pueda informarse sin mediaciones acerca de lo que “se cuece” en su Ayuntamiento está por delante de cualquier otra circunstancia y es además sencillo. Por eso, cuando el acceso a la información no se realiza como se debe, no hay que achacarlo a otra cosa que a la (mala) voluntad del político de turno.

La tercera es que, igualmente, la información del Ayuntamiento no es de los políticos ni de los funcionarios, sino del pueblo. Los políticos y funcionarios sólo son gestores de esa información y su control sobre la misma no puede ser usado ni para generar relaciones clientelares o caciquiles ni para la pelea entre partidos. Por eso es necesario que esté a libre disposición de cualquiera.
sábado, 30 de noviembre de 2013

Tercer informe de No Pagamos-Cuenca: “Cuenca Revitaliza”, vendiendo humo al borde del abismo

edificiomercado
Continuando con su campaña de auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca, el colectivo No Pagamos ha hecho público su tercer informe en el que analiza el crédito de 9,5 millones de euros que el grupo del gobierno municipal del PP aprobó a comienzos de 2009.

El Pleno de enero de 2009 aprobó el presupuesto para ese año que contenía la autorización para que el Ayuntamiento realizara las gestiones pertinentes para conseguir un crédito de 10 millones de euros. El crédito se justificó como el medio para financiar diversas inversiones.

1, 5 millones iban a ser destinados a sufragar aportaciones anuales del Ayuntamiento, entre las que destacaba la que debía realizar al Consorcio Ciudad de Cuenca (1,2 m.). No era por tanto una inversión, sino que estaban recurriendo a un préstamo para sufragar un gasto habitual que, como es lógico, debe ser costeado por los ingresos habituales del Consistorio. Además de que posiblemente esta práctica sea ilegal, es nefasta para la financiación de cualquier ayuntamiento, ya que costear los gastos ordinarios con créditos sólo puede conducirle a un crecimiento continuado de la deuda.

Cerca de 1, 9 millones se destinaban a encomiendas del S.I.M. Las encomiendas a la empresa municipal para el mantenimiento y conservación de viales, parques y jardines, son igualmente gasto habitual del Consistorio que, como en el caso anterior, deben financiarse por medio del ingreso corriente para evitar caer en un endeudamiento sin fin. De este modo, unos 3, 4 millones del préstamo se querían dedicar a cubrir gastos ordinarios, lo que por si sólo ya evidenciaba que algo grave estaba ocurriendo en las arcas del Ayuntamiento cuando éste tenía que presentar un importante monto de gasto ordinario como si fuera una inversión.

5,1 millones del préstamo se asignaban, esta vez sí, a inversiones del Plan “Cuenca Revitaliza”. “Cuenca Revitaliza” es un buen ejemplo de lo ruinosas y engañosas que pueden ser las políticas municipales que confunden el Ayuntamiento con una empresa.

Primero, porque el Proyecto “Cuenca Revitaliza” hizo uso de una publicidad completamente engañosa en la que se jugaba con las ilusiones de los conquenses manipulando descaradamente los datos y las expectativas reales del plan.

Segundo, porque en proyectos como el de los cinco “parkings” se pretendía que la iniciativa privada financiara la inversión dejándoles a cambio la gestión por 40 años para extraer más dinero de la misma ciudadanía.

Tercero, porque un Ayuntamiento no tiene las ventajas que tiene una sociedad anónima o limitada. Si el “negocio” sale mal, como en este caso, el fracaso lo tiene que pagar la ciudadanía. A los ciudadanos sí se les obliga a responsabilizarse de las deudas de sus ayuntamientos sin límite (a no ser que consigamos un repudio democrático de la deuda).

Las irregularidades rodean el Plan “Cuenca Revitaliza” y sus secuelas. Una de las más escandalosas es que entre las inversiones previstas en el préstamo se incluía la construcción de un nuevo edificio del mercado, para el que se preveían 2, 5 millones de gasto. El préstamo se recibió pero el edificio no se construyó. ¿A dónde fueron a parar esos millones? Nunca se ha dicho y el actual Gobierno municipal, del PSOE, se niega a informar de las actuaciones que se llevaron a cabo con el dinero del préstamo.

Por último, a la vista de las cuentas del Ayuntamiento de Cuenca al acabar el año 2008, con un déficit de casi 13 millones de euros, parece difícil entender, primero, qué tenía en mente el Consistorio incrementando su deuda en 10 millones más; y, segundo, qué tenían en mente los bancos que accedieron a concertar las operaciones de crédito.

Lo que unos y otros (y los otros: PSOE, empresas de la construcción…) parecían tener en mente era la rápida aprobación del Plan de Ordenación Municipal (POM). Todos esperaban que las recalificaciones de terrenos recogidas en el POM reactivaran el negocio inmobiliario y los ingresos del Ayuntamiento por este aspecto. Pero el informe sobre el POM que en 2009 realiza la Comisión Regional de Urbanismo, aunque en teoría parece indicar únicamente un conjunto de correcciones, supone de hecho la paralización del Plan. Juan Ávila, el alcalde actual, todavía prometía en 2011 aprobarlo en 2 años. Ya nadie habla de ello.

El abismo empieza a abrirse ese mismo mes de junio de 2009. Siete días después de adjudicar la contratación de los créditos (al final consigue 9,5 de los 10 millones previstos), el Ayuntamiento se acoge al Plan de Saneamiento Financiero de Zapatero, formalizando un nuevo préstamo de 13 millones para pagar sus deudas con proveedores y autónomos.

Desde el colectivo No Pagamos resaltamos que las irregularidades que están mostrando nuestros informes son demasiado preocupantes como para que no empecemos ya a pedir responsabilidades y a tomar en serio la opción del impago democrático. La ciudadanía está entendiendo que se le quiere hacer pagar los “chanchullos” de banqueros, constructores y políticos. Las elevadas sumas de dinero con las que se ha estado jugando, el modo en que se sucedieron una tras otra las actuaciones municipales irresponsables –todas ellas, sean de un partido u otro, siguen un mismo modelo desastroso de Ayuntamiento-empresa–, o la insolencia antidemocrática con la que el gobierno municipal del PSOE en la actualidad oculta a la ciudadanía una información que no es suya sino de todas, no dejan mucho margen de duda sobre la necesidad de que la ciudadanía se haga cargo de su propia responsabilidad y detenga este atropello.

El colectivo considera que, a falta de más información, los 9, 5 millones de este crédito se han de contar como deuda ilegítima porque no respondieron en ningún momento ni al interés común ni siquiera al sentido común, sino a una ceguera codiciosa que por no ver no veía ni las propias cuentas del Ayuntamiento. Sumados a los 13 millones que arrojaban los informes anteriores, estamos hablando ya de 22, 5 millones de deuda ilegítima.


martes, 19 de noviembre de 2013

Educación y deuda

“¡Nuestra educación no pagará vuestra deuda!”, así defienden los estudiantes su derecho a la educación. Los estudiantes han visto con más claridad que los docentes y las madres y padres qué es lo que se juega en las subidas de tasas, en las reducciones de becas, en la masificación de las aulas, en el profesorado despedido, en el ataque, en fin, a la educación pública y a la educación crítica y democrática. Los docentes en general han enfocado su descontento contra la Administración. Padres y madres parecen asumir el discurso oficial de la crisis. Pero, los estudiantes saben que el problema no es una crisis en el sentido clásico y que la Administración es ya la Administración de los banqueros. O, dicho de otro modo, saben que el ser o no ser en estos momentos es quién paga el hundimiento del negocio financiero.

Hasta ahora la quiebra del sistema financiero la estamos pagando los ciudadanos del común. La está pagando nuestra educación, sí, pero también nuestra sanidad, nuestras condiciones laborales, nuestro medio ambiente, nuestras expectativas de futuro, nuestros impuestos, nuestras libertades civiles, nuestra dignidad. Las privatizaciones de bienes comunes y servicios públicos, los rescates y facilidades a la banca, los créditos casi negativos del BCE a las entidades financieras, la desprotección de los estados europeos enfrentados cada uno por su cuenta y riesgo al juego sin reglas de los grandes especuladores, el mantenimiento de una fiscalidad llena de agujeros para que escapen los más ricos y otras políticas de estilo semejante, sancionadas por los partidos del régimen e incluso respaldadas por una reforma constitucional aprobada a espaldas de la ciudadanía, va inclinando la balanza en nuestra contra.

Pero también es cierto que las gentes del común todavía tenemos mucho que decir, muchas cosas que aclarar, mucho miedo que quitarnos de encima. Es cierto que cada vez está más cerca el momento en el que vamos a decir ¡ya basta! ¡Ya basta de tomarnos el pelo como si fuéramos idiotas! Por eso es tan importante defender la educación pública y democrática y oponernos a la educación de los banqueros que propugnan leyes como la LOMCE. Por eso es tan importante hacer huelga este jueves 24 de octubre e intentar organizar una huelga indefinida como en Baleares. La estafa que están cometiendo no es un timo cualquiera. Entenderla, entender la situación en la que nos encontramos, exige un esfuerzo de aprendizaje y comprensión, unas herramientas intelectuales que sólo la educación pública puede hacer accesibles para todos y todas.

Por supuesto, la educación pública y democrática no es suficiente. El conocimiento que necesitamos para evitar que nos hagan pagar su deuda, convirtiéndonos en semiesclavos como pretenden, es un conocimiento producido en común, es una inteligencia colectiva que además de entender la estafa, nos proporcione las fuerzas necesarias para revertir la tendencia.

La producción común de conocimiento se está poniendo en práctica ya en muchos lugares, en el trabajo colaborativo en Internet, en movimientos sociales como el ecologista o el feminista, en las asambleas del 15M o entre los afectados por las hipotecas. Y también se está activando precisamente en las auditorías ciudadanas de la deuda. A nivel estatal, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) o a nivel conquense el colectivo No Pagamos, estamos trabajando para auditar la deuda de las diferentes administraciones, el Gobierno Central o el Ayuntamiento de Cuenca. Nuestro objetivo es señalar qué parte de esa deuda es ilegítima. Pero, también lograr ese trabajo colaborativo de la ciudadanía que pone a operar su inteligencia colectiva para defenderse del ataque a sus derechos y para conquistar otros nuevos.

Fruto de ese trabajo es el informe que acaba de publicar la PACD (www.auditoriaciudadana.net) o los que estamos elaborando en No Pagamos (www. nopagamoscuenca.blogspot.com).

El colectivo No Pagamos de Cuenca se coordinará con la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

El colectivo No Pagamos de Cuenca ha anunciado en comunicado de prensa su vinculación a la red de coordinación en nodos locales de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).

De esta manera, el colectivo se une a los diversos grupos de personas que en diferentes puntos de la geografía española están llevando a cabo una auditoría ciudadana de la deuda tanto de la Administración Central como de comunidades autónomas y ayuntamientos. No Pagamos de Cuenca comparte con los restantes nodos de la PACD la consideración de que el problema de la crisis actual y de las políticas de austeridad gira en torno de una deuda que en buena parte hay que considerar como ilegítima en tanto que su pago supone la inculcación de derechos básicos.

Para No Pagamos es importante la coordinación de todas las personas que están implicadas en esta pelea contra la deuda ilegítima y los responsables de la crisis. Es necesario que aprendamos unos de otras, que conozcamos nuestro trabajo y que copiemos mutuamente referencias y herramientas.

La vinculación con la PACD es también esencial para No Pagamos porque el problema de la deuda atraviesa todas las administraciones y todos los ámbitos y es importante conectarlas todas y entablar la lucha por los derechos sociales a todos los niveles. La coordinación con la PACD, igualmente, supone un apoyo y un refuerzo mutuos que son necesarios para ampliar nuestra capacidad de intervenir socialmente.

La Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) “No debemos. No pagamos” se formó en marzo de 2012 con personas procedentes de diversos colectivos y movimientos como ¿Quién debe a quién?, Ecologistas en Acción, Attac o el 15M, con la intención de llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda en el Estado español. Actualmente la red de la PACD tiene nodos en Alicante, Asturias, Madrid, Barcelona, Tarragona, Badalona, Valencia, Galicia, Bizkaia, Guipuzcoa, Sevilla, Córdoba, El Vallès, L’Hospitalet del Llobregat y Zaragoza entre otros. El nodo de Valladolid y No Pagamos de Cuenca han sido los últimos en incorporarse a la red.

La PACD, a su vez, forma parte de la Red Internacional Ciudadana por la Auditoria (International Citizen Audit Network – ICAN) que, bajo el lema “No Debemos. No Pagamos”, aglutina movimientos y redes en diferentes países europeos y del Norte de África que luchan contra las medidas de austeridad a través de la realización de Auditorías Ciudadanas de la Deuda.

Como afirma en su página web, la PACD entiende “que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad”. Es por ello que exige el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso que nos ha llevado a esta situación. Considera que la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir que no se pague. Un cambio de modelo económico y social que acabe con la hegemonía del poder financiero, el empoderamiento de la ciudadanía y la denuncia de los responsables de la crisis son objetivos que la PACD considera inseparables de la auditoría y del repudio democráticos de la deuda.

Coincidiendo con la Semana de Acción Global Contra la Deuda (del 8 al 15 de octubre), la PACD ha publicado un libro y dos informes. El libro lleva por título ¿Por qué no debemos pagar la deuda? Está publicado por Icaria* y se compone de artículos escritos por diversos especialistas y colectivos que abordan el tema de la deuda desde la vertiente internacional y nacional, así como las repercusiones que está teniendo en los servicios públicos, en la desigualdad de género o en el incremento de la pobreza, el problema de la ilegitimidad de la deuda y el del planteamiento de alternativas.

El primero de los informes, a los que se puede acceder desde la barra lateral de su página (auditoriaciudadana.net), se titula “La ilegitimidad de los rescates a la banca en el Estado español”. En este informe, la PACD pone en claro que el trasvase de fondos públicos a las manos privadas de la entidades financieras se ha producido no sólo a través de la entrega directa de fondos, sino por medio del Banco Central Europeo que ha prestado a interés negativo un dinero que luego los Estados han comprado a un interés exacerbado. Insiste que el Estado, además de comprar activos tóxicos, está avalando a los bancos y, asumiendo un riesgo que tiene un coste real para sus arcas. El informe analiza las consecuencias del rescate bancario en el recorte de derechos, expone los argumentos por los que la deuda contraída por el Estado a causa de ese rescate ha de considerarse ilegítima y apunta que el repudió democrático de la deuda ilegítima debe entenderse como una medida más dentro de un conjunto de líneas de acción que la ciudadanía necesita emprender si quiere hacerse cargo de su porvenir.

El segundo informe responde al epígrafe “Las políticas fiscales en España y su impacto en la Deuda”. El objetivo de este informe es denunciar las mentiras que oficialmente se difunden acerca de la fiscalidad del Estado. La mayor falsedad consiste en culpar de la crisis al gasto social para recortar en servicios públicos y en derechos laborales. El informe evidencia, sin embargo, que el incremento del déficit anual se debe a la “gran reducción de los impuestos a los capitales y a las rentas más altas, a los rescates bancarios, a la enorme permisividad con el fraude fiscal y a los intereses de la misma deuda que son causados por la falta de protección por parte del Banco Central Europeo”.

* http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1416
viernes, 25 de octubre de 2013

El colectivo No Pagamos de Cuenca exige que se publique el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento de Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca se ha venido acogiendo a las tres fases del Plan de Pago a Proveedores con el objeto de hacer frente a la enorme deuda comercial, generada por una nefasta gestión desde la época de la burbuja inmobiliaria. El Plan supone convertir esa deuda comercial en deuda financiera a devolver en diez años con elevados costes en intereses y, así, hacer frente a los pagos pendientes con sus proveedores. Esa deuda está siendo cargada sobre el conjunto de la ciudadanía.

Las normas adoptadas por el Gobierno del PP para el pago a proveedores exigen, a los Ayuntamientos que se acojan a ellas, la adopción de duras medidas que se tienen que concretar en la elaboración de un Plan de Ajuste para los próximos diez años, periodo en el que se tienen que devolver los préstamos. En aplicación del modificado artículo 135 de la Constitución, el pago de esa deuda a los bancos es prioritaria sobre todas las demás obligaciones de las administraciones públicas.

Después de los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca el día 27 de septiembre, si el Ministerio los acepta, el Ayuntamiento de Cuenca tendrá que revisar el Plan de Ajuste que elaboró en el año 2012, para acogerse a las dos primeras fases del Plan de Pago a Proveedores, y además tendrá que adoptar ajustes adicionales para poder acogerse a las medidas para dar liquidez al Ayuntamiento.

Se tendrán que reducir un 5% los gastos en personal y en la prestación de los servicios municipales y en un plazo de tres años, financiar al 100% todos los servicios municipales con las tarifas que pagamos la ciudadanía. Esto supondrá la elevación de muchas tarifas o la desaparición de esos servicios. Ya en los últimos años se han subido bastante algunos impuestos y tasas.

Además el Ayuntamiento queda intervenido: Sus presupuestos se deben someter a un informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda. El dinero que se ingrese  para la mejora de la liquidez debe ingresarse en una cuenta controlada por el Ministerio. Y las mejoras que se puedan obtener en ese sentido sólo se podrán destinar a pagar la deuda con los bancos y a minorar obligaciones pendientes de pago. Se prohíbe la prórroga de los Presupuestos por más de un año y no se podrán hacer nuevas operaciones de crédito en los próximos diez años.

La adopción de estas duras medidas, por haberse acogido voluntariamente al Plan de Pago a proveedores, va a condicionar de manera muy importante la vida de esta ciudad durante los próximos diez años como mínimo, exigiéndonos a toda la ciudadanía esfuerzos importantes.

A pesar de que el Plan de Ajuste “será público”, según la Ley Orgánica 2/2012, el Ayuntamiento no lo ha facilitado a varias organizaciones que lo solicitaron el pasado mes de febrero. Ahora ha tenido que revisarlo y ha sido enviado al Ministerio el pasado 27 de septiembre.

Lo más democrático hubiera sido que, antes de que el Pleno decidiera acogerse a esas medidas, sabiendo los condicionantes que desde el Ministerio se le exigen, hubieran dado a conocer a la opinión pública el Plan de Ajuste. Por otra parte, están apareciendo informaciones a cuentagotas de ese Plan, de forma interesada y parcial.

Ante todo ello, desde el colectivo No Pagamos de Cuenca, exigimos al Ayuntamiento de Cuenca que publique en su página Web el Plan de Ajuste, según el modelo oficial establecido al efecto, para que podamos conocer de manera oficial qué va a ser de la gestión municipal en los próximos diez años y cómo va a afectar al conjunto de la ciudadanía  Es un derecho que tenemos y exigimos su cumplimiento.

Imagen del Pleno del 27 de septiembre de 2013 en el que se aprobó el Plan de Ajuste: Cuenca Alternativa.
jueves, 24 de octubre de 2013

No Pagamos-Cuenca considera que la ciudadanía debe negarse a pagar las “irregularidades” cometidas con las sedes de los agentes sociales

Según informa en un comunicado el colectivo conquense “No Pagamos”, el Ayuntamiento de Cuenca se encuentra en una gravísima situación económica, que se está trasladando a la ciudadanía mediante la subida de impuestos, tasas y precios públicos, mientras que ésta recibe en cambio, menos y peores servicios.

Igualmente se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores municipales y de las empresas que han sido contratadas por el Ayuntamiento para la prestación de servicios, que a veces, ni siquiera cobran sus salarios.

La principal causa de estos problemas, afirman, es el enorme endeudamiento que se ha generado en estos últimos cinco años. En el año 2014, el Ayuntamiento tendrá que pagar a los bancos por este concepto un millón de euros al mes aproximadamente.

Por ello, el colectivo No Pagamos de Cuenca, dentro de la campaña general por la auditoría de la deuda está auditando la deuda del Ayuntamiento, para que por parte de la ciudadanía se conozca cómo se ha generado esa deuda, quiénes han sido los responsables de la misma y, en último lugar, abrir un proceso para declarar ilegitima aquella parte de la deuda que se haya contraído en perjuicio de la población, en procesos no democráticos o violando la legalidad, y negarnos a pagarla.

Coincidiendo con la presentación del segundo informe de auditoria elaborado por este colectivo, sobre el préstamo de cinco millones de euros suscrito por el Ayuntamiento en el año 2008, para la construcción de las nuevas sedes para CEOE, UGT y CCOO, se ha producido una polémica entre el PSOE y el PP sobre este asunto, derivada de los contactos que se están manteniendo con el Ministerio.

Al margen de declaraciones interesadas de los responsables del PP y del PSOE, lo que tenemos en estos momentos, afirman desde el colectivo, es:
1.- Unos edificios a medio hacer con las obras paradas, en los que se han gastado más de dos millones de euros.
2.- Un préstamo de cinco millones que se solicito con los votos a favor de PP y PSOE y el voto en contra de IU, para la construcción de estos edificios, del que faltarán por devolver al banco a finales de 2013, unos cuatro millones. Préstamo que ha tenido en este año 2013 unos costes para el Ayuntamiento de 385.000 euros entre amortización e intereses y que se terminará de pagar en el año 2028.
3.- Tres millones de euros por tanto que no sabemos en qué se han gastado, cuando deberían haberse dedicado a la construcción de estos edificios, que es para lo que se pidieron, (como ha reconocido públicamente el Alcalde), y por lo tanto con un más que probable incumplimiento de la legislación de las Haciendas Locales.
4.- Un solar para la sede de la CEOE, en el que dicen que se han gastado unos 700.000 euros y en el que no se ha levantado nada de nada. En otro solar contiguo, cedido gratis por el Ayuntamiento a esta organización empresarial, sí hay un esqueleto de un edificio que es propiedad de CEOE, que está igualmente parado. Ese dinero que dicen que se ha gastado, ¿no habrá sido en el edificio de la CEOE, en lugar del que se debería haber construido y que sería propiedad del Ministerio de Empleo, según el convenio firmado en 2007?.

Además de todo esto, hemos conocido por sus propias declaraciones, (Alcalde actual y oposición), que se hicieron unos modificados del proyecto inicial por problemas de cimentación y que se eliminaron los techos y las paredes de los edificios de las sedes de UGT y CCOO, para que no hubiera modificación económica. ¿Cómo es posible esto?, ¿cómo pensaban terminarlo?, ¿con qué dinero?, ¿pensaban entregar al Ministerio unos edificios sin techos ni paredes?.

A todo esto responde el antiguo Alcalde del PP que, probablemente, el actual Alcalde se está equivocando de asunto y que quizás esté hablando del “Bosque de Acero, en el que el gobierno socialista en el que él era teniente de alcalde, ingresó más de cuatro millones de euros que gastó por adelantado, por un convenio urbanístico que luego no cumplió”. Y se pregunta “donde están esos más de cuatro millones y cómo los va a devolver el Ayuntamiento”. 

Pero los que nos tenemos que hacer preguntas somos la ciudadanía:
¿Los agentes sociales estaban al corriente de todo esto?.
¿El ministerio, fuera cual fuera el partido que gobierne, lo sabía?
¿Por qué si hay tan graves irregularidades cometidas, los responsables municipales no cumplen con su obligación y lo llevan al juzgado o a la fiscalía?
¿Será porque en el fondo se protegen unos a otros, ya que los dos partidos son iguales?

Y por último, desde el colectivo lanzan la pregunta:
“¿Tenemos que pagar todo esto la ciudadanía? Desde el colectivo No Pagamos pensamos que no”.
jueves, 17 de octubre de 2013

Informe II: sobre el crédito de 5 millones para pagar las nuevas sedes de los agentes sociales

El Ayuntamiento de Cuenca suscribió un crédito de 5 milliones de euros para especular con el “Edificio de los sindicatos” situado próximo al Parque San Julián, así lo afirma el colectivo conquense No Pagamos. 

 
El Colectivo No Pagamos ha hecho público su segundo informe dentro de su campaña de auditoria ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca. A partir de ahora, irá evaluando cronológicamente los diferentes créditos suscritos por el Ayuntamiento. El objetivo es lograr que la ciudadanía declare deuda ilegítima todas aquellas obligaciones financieras que el Ayuntamiento haya contraído de espaldas a la gente, con las consecuencias de recuperación de dinero público y exigencia de responsabilidades que de ello se deriven.


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Este segundo informe se ocupa del crédito de 5 millones que el Ayuntamiento de Cuenca suscribió en 2008 para construir las nuevas sedes de la patronal CEOE y de los sindicatos UGT y CCOO, y así hacer posible el cumplimiento del convenio de permuta firmado con el Ministerio de Trabajo en octubre de 2007. La permuta consistía en que el edificio de las actuales sedes de CEOE, UGT y CCOO, junto al parque San Julián, pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento y éste, a cambio, construiría tres edificios en la zona de San Fernando-Ronda Oeste donde se albergarían las nuevas sedes de la patronal y los sindicatos mayoritarios, edificios que pasarían a ser propiedad del Ministerio de Trabajo.

Esta operación contó con el acuerdo de UGT, CCOO y CEOE y de la Comisión Consultiva de Patrimonio Sindical.

El Colectivo No Pagamos afirma que el crédito y la permuta tenían un fin especulativo porque, en el momento de firmarse el convenio con el Ministerio de Trabajo, el solar del edificio de patrimonio sindical estaba destinado a equipamiento público en el Plan de Ordenación Urbana, pero el nuevo Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.), que estaba siendo tramitado desde el año 2006, incluía una recalificación de esos terrenos que pasaban a detentar la condición de bien patrimonial para usos residenciales, al tiempo que las plantas de edificación permitidas aumentaban a siete.

Como es sabido, el P.O.M. no llegó a aprobarse, pero de haber sido aprobado, la recalificación hubiera supuesto un aumento considerable del valor del conocido como “edificio de los sindicatos”, en todo caso, un valor muy superior a los 5 millones con los que fue tasado para la permuta. La intención era vender rápidamente el edificio una vez recalificado el solar para devolver el préstamo en dos años y obtener una importante suma de dinero.

El Ayuntamiento quiso comportarse como una entidad inversora de las muchas que, con sus prácticas especulativas y el permiso de unas leyes hechas para enriquecer a los ricos, elevaron desorbitadamente el precio de la vivienda. El resultado es que el crédito que pidieron para especular con el “edificio de los sindicatos” es ahora parte de la deuda de más de 60 millones que el Ayuntamiento tiene pendiente y que, a falta de una decisión cívica por el impago democrático, estamos pagando la ciudadanía y los trabajadores del Consistorio.

El convenio de permuta con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se firmó el 23 de octubre de 2007, ya con el PP en el gobierno municipal. Por su parte, el PP modificará en 2008 el proyecto inicial. Abandonará la idea de la construcción de viviendas e incluirá en su Plan Revitaliza el propósito de, una vez aprobado el P.O.M., rehabilitar el edificio actual para convertirlo en un hotel gestionado, mediante una concesión de servicio público, por una empresa mixta de la que el Ayuntamiento sería socio y de la que, además, percibiría un canon por la concesión.

El proyecto del PP mantenía el afán especulativo, pero lo adaptaba a los nuevos tiempos de desaceleración del boom inmobiliario. De cualquier manera, este proyecto exigía que los plazos de amortización del préstamo se multiplicaran por 10, pasando de 2 a 20 años, con el consiguiente incremento de intereses y gastos variados.

El 28 de junio y el 19 de julio de 2010 se aprobaron las adjudicaciones definitivas para la construcción de los nuevos edificios y en octubre y noviembre de ese mismo año se pusieron las primeras piedras. Pero el P.O.M. no se aprobó y en estos momentos las obras están paradas.

En resumen, en lugar de conseguir que el Ministerio del Trabajo rehabilitara sus edificios a un coste razonable, el Ayuntamiento (gobernado primero por el PSOE y luego por el PP) se embarcó en una “aventura” especulativa muy costosa que sólo ha producido deudas y esqueletos de edificios. Ahora quieren que la ciudadanía y los trabajadores paguemos su “aventura”.

Se mire por donde se mire, no tenía ningún sentido pedir prestados 5 millones para conseguir que los sindicalistas de UGT y CCOO y los asalariados de la CEOE trabajaran en buenas condiciones. Primero, porque no era obligación del Ayuntamiento (aunque podría haber colaborado), el proporcionar esas buenas condiciones, sino del Ministerio de Trabajo. Y, segundo, porque la cifra sobrepasa escandalosamente aquella que hubiera bastado para resolver el problema.

En estos momentos, el Ayuntamiento está intentando negociar con el Ministerio de Empleo el reinicio de las obras. Según declaraciones del Secretario General de CCOO de Cuenca, confirmadas posteriormente por portavoces municipales, la intención del Ayuntamiento sería donar al Ministerio lo invertido hasta ahora en las obras de las nuevas sedes (unos 2 millones de euros) y que el Ministerio vendiera el actual edificio del Parque de San Julián, para con ese dinero terminar las obras.

Si esto es cierto, el Ayuntamiento estaría proponiendo una solución que supone haber invertido dos millones de euros de su presupuesto para unas obras que no le correspondían y  construir unas sedes que no son de su competencia, hacer frente a los costes financieros de un préstamo de 5 millones de euros y entregar los terrenos sin recibir absolutamente nada a cambio. Ni que decir que todos estos “costes” están siendo cargados de forma ilegitima sobre la ciudadanía y los trabajadores del Consistorio.

Por lo demás, la ciudadanía tiene derecho a saber qué ha hecho el Ayuntamiento con el resto del dinero del crédito (unos 3 millones de euros) que no ha invertido en el proyecto para el que lo solicitó.

El Colectivo No Pagamos informa, además, que el Ayuntamiento todavía no ha respondido a la sencilla pregunta que guiaba su primer informe: ¿cómo se pagó el Bosque de Acero?; y piensa que después de tres meses es difícil que vayan a responder. La opacidad intencionada del Ayuntamiento debe ser suficiente argumento para establecer que los casi 8 millones que costó el Bosque de Acero son deuda ilegítima que la ciudad de Cuenca no tiene que pagar.

A esos ocho millones, hay que sumar los cinco de las sedes de UGT, CCOO y CEOE. La ilegitimidad en este caso proviene del objetivo especulativo con el que se contrajo el préstamo. Ocho y cinco son trece millones, por ahora, de deuda ilegítima.

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